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La Justicia frena el ingreso de carne con hueso a la Patagonia
El fallo responde a un amparo de productores fueguinos que alertan sobre impactos económicos y riesgo sanitario. La decisión frena la flexibilización dispuesta por SENASA.
La jueza Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande (Tierra del Fuego), hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego y suspendió por 30 días la resolución N°460 del SENASA, que desde junio permitía el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado. De esta manera, queda temporalmente restablecida la histórica barrera sanitaria que protegía el estatus diferencial de la Patagonia.
El argumento central de la magistrada fue “evitar que se materialicen consecuencias sanitarias y económicas de difícil reversión”, en alusión al impacto que la flexibilización generó tanto en el mercado interno como en la relación comercial con socios internacionales.
Según informaron desde el sector ganadero fueguino, la medida del SENASA afectaba directamente a un "activo patrimonial y estratégico de alto valor económico". Pero más allá del reclamo local, la decisión judicial se vio reforzada por una reacción internacional: organismos sanitarios de Chile prohibieron el ingreso de carne argentina ante el cambio en las condiciones, y la Unión Europea anunció una inspección para verificar el estado sanitario de la región.
Desde el organismo sanitario nacional, habían asegurado que “los organismos con competencia en la materia de Chile y de la Unión Europea habían sido informados y habían expresado su conformidad con la actualización”. Sin embargo, las acciones posteriores de ambos bloques desmintieron esa afirmación de hecho, generando alarma en los productores.
"Esto no es solo una cuestión de competencia comercial, sino de soberanía sanitaria. Perder el estatus diferencial de Patagonia libre de fiebre aftosa sin vacunación sería retroceder 20 años", expresó Luis Vaquero, presidente de la Asociación Rural fueguina, en diálogo con este medio.
Por ahora, el fallo judicial impone un freno a la implementación de la resolución por un mes, mientras se analiza su legalidad y el impacto económico y sanitario de la flexibilización. En ese tiempo, se espera que se reanuden las negociaciones entre Nación, productores y socios internacionales para definir el futuro de la barrera sanitaria.





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