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Tras los incidentes, el Gobierno de Neuquén defendió el desalojo de grupos mapuches que protestaban en la gobernación
Cuatro comunidades, algunas de la zona de Vaca Muerta, reclaman personería jurídica desde hace casi un año. La Justicia ordenó el desalojo de la calle
Al menos 17 personas fueron detenidas durante un operativo policial que buscó desalojar una protesta mapuche frente a la Gobernación de Neuquén que piden personería jurídica para cuatro de sus comunidades, varias de las cuales están en la zona de Vaca Muerta.
“No usar la LEY PARA REPRIMIR, sino usar la Ley para llevar JUSTICIA a una sociedad desigual que ellos han construido”, comunicó la Confederación Mapuche de Neuquén en comunicado tras los incidentes. El mensaje, dirigido al gobernador Rolando Figueroa, resume la tensión que se vivió este domingo en la capital provincial y expone el trasfondo de un conflicto que involucra derechos, identidad y la relación entre el Estado y los pueblos originarios.

La intervención policial se produjo tras una orden firmada por el fiscal de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, quien otorgó a los manifestantes un plazo de dos horas para retirarse voluntariamente. Al no acatar la intimación, la policía procedió al desalojo, que incluyó la participación de 120 agentes, la Policía Metropolitana, la policía motorizada, bomberos y ambulancias, y el establecimiento de un perímetro de 200 metros para bloquear el tránsito.
El operativo, que se desarrolló cerca del mediodía, estuvo marcado por momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad, los manifestantes y quienes se acercaron a respaldar el reclamo.
Según la información oficial difundida por el gobierno, 11 hombres fueron trasladados a la Comisaría 2° y seis mujeres, a la Comisaría 17°. Sin embargo, la Confederación Mapuche y organizaciones acompañantes sostienen que el número de detenidos asciende a 22.Todos fueron liberados el domingo por la tarde.

El trasfondo del conflicto radica en la demanda de reconocimiento legal de las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (paraje Tratayén, Añelo), Kelv Kura (Portezuelo) y Ragilew Cárdenas (Picún Leufú). Actualmente, estas comunidades carecen de los documentos que las reconozcan oficialmente, lo que las excluye de los relevamientos territoriales y les impide exigir la aplicación de la consulta previa, libre e informada.
En un comunicado difundido el jueves, los referentes mapuches señalaron que el gobernador “dice que si entrega las personerías pierde autoridad y poder político. Que 290 días de espera paciente es poco". El gobierno se había comprometido a tramitar los reconocimientos en un acta firmada por el ministro Jorge Tobares en septiembre del año pasado.
Desde la Confederación Mapuche, la respuesta fue directa: “Como era previsible, Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo lo hará entender a los palos". Además, convocaron a la sociedad a solidarizarse con las comunidades y a exigir al gobernador el cumplimiento de la ley.

Horas más tarde del procedimiento policial, el ministro de Coordinación de la provincia, Jorge Tobares, se refirió al hecho y explicó: “Tenemos 87 comunidades y 57 tienen personería jurídica, dentro de ese mundo hay 28 que no la tienen. Dentro de ese universo, se encuentra estas cuatro comunidades que desde hace varios días mantenían una medida de acción directa en la puerta de acceso a la casa de gobierno”.
“Ante la persistencia y el posicionamiento firme que no se retirarían del lugar hasta no tener las cuatro personerías, procuramos buscar un mecanismo de mediación que siempre han servido para flexibilizar las posiciones en la provincia. Lamentablemente, no tuvimos eco en cuanto a revisar las posiciones y frente a esa situación de intransigencia, el Gobierno buscó liberar el espacio público”, añadió.
En ese sentido, sostuvo que el procedimiento para obtener este reconocimiento es “un trámite complejo” y remarcó que todavía no hubo un pronunciamiento al respecto de las comunidades.
“Es el procedimiento lo que tenemos que observar y respetar las vías institucionales, que es lo que no estuvo ocurriendo en estos días. Frente a esta realidad, activamos los mecanismos institucionales, la Justicia dispuso la medida. Se notificó para que desalojaran voluntariamente el complejo y a partir de la resistencia, se actuó y sucedió el episodio”, completó.




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