El municipio de San Patricio del Chañar gestionó la presencia del equipo del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que durante esta semana realizó un relevamiento y actualización de datos en la toma ubicada en la zona sur de la ciudad. Allí, las familias que residen en el lugar recibieron el Certificado de Vivienda Familiar, documento emitido por Nación que les permitirá acreditar domicilio legal o fiscal ante organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.

El operativo fue presentado como una herramienta para dar “visibilidad” a quienes viven en la informalidad urbana. Sin embargo, el trasfondo de esta política vuelve a abrir un debate de fondo: ¿se trata de un paso hacia la inclusión social o de la legitimación de un asentamiento ilegal que nació al margen de la ley?

La zona en cuestión no solo está habitada por familias que llegaron en busca de un techo, sino que también ha sido escenario de hechos graves que sacudieron a la comunidad: desde enfrentamientos armados y secuestro de armas hasta episodios vinculados al narcotráfico. Este mismo año, una ambulancia del hospital local fue atacada a balazos por delincuentes radicados en el sector.

El contraste es evidente: mientras el Estado reconoce la existencia de estas viviendas a través de un certificado, al mismo tiempo se consolida la idea de que ocupar tierras de manera irregular puede terminar otorgando derechos. Un mensaje complejo y peligroso en un contexto social donde las tomas se multiplican y la inseguridad crece.

Para muchos, el ReNaBaP es una herramienta de contención social, pero también un síntoma de la incapacidad del Estado para planificar políticas de acceso a la tierra y a la vivienda. El dilema no es menor: lo que hoy se presenta como un avance administrativo puede transformarse en un precedente de difícil retorno, donde la irregularidad y la violencia quedan bajo un manto de legalidad.

En San Patricio del Chañar, como en muchas ciudades del país, la discusión ya no es solo sobre la necesidad de viviendas dignas, sino sobre qué modelo de ciudad se construye y qué señales envía el Estado cuando decide regularizar, en lugar de prevenir, los asentamientos ilegales.