El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) encendió las alarmas: en el primer semestre de 2025, el 26% de la población de Neuquén se encuentra bajo la línea de pobreza y un 4,6% en la indigencia, según la Encuesta Permanente de Hogares en el conglomerado Neuquén–Plottier.

Los datos revelan un contraste doloroso: en la región de Vaca Muerta, epicentro de la riqueza hidrocarburífera argentina, miles de familias sobreviven con sueldos estatales o rurales que no alcanzan a cubrir los costos básicos. Mientras la industria mueve millones de dólares y multiplica las inversiones, los trabajadores ajenos al petróleo deben enfrentar alquileres que en Añelo pueden llegar a los 10.000 dólares, tarifas impagables y precios de alimentos por encima de la media nacional.

A este escenario se suma un dato preocupante para el sector de la construcción: la UOCRA denunció que entre 2023 y 2024 se perdieron más de 2.300 puestos de trabajo por la finalización de contratos vinculados a obras específicas en Vaca Muerta. 

Trabajadores de la empresa NRG, dedicada a la provisión de arenas para el fracking en Vaca Muerta, denunciaron que durante mayo y junio fueron desvinculados más de 200 empleados. Una señal de que ni siquiera el corazón productivo de la provincia garantiza estabilidad laboral.

Aunque los indicadores provinciales muestran cifras de pobreza más bajas que el promedio nacional y en leve retroceso respecto al año anterior, la vida cotidiana contradice las estadísticas: inflación que en agosto fue del 2,8% (por encima del promedio nacional de 1,9%), salarios que se pulverizan y un creciente pluriempleo que se vuelve la salida de emergencia para sostener a los hogares.

En este escenario, la paradoja se hace evidente: Neuquén produce energía para todo el país, pero no logra garantizar condiciones dignas para su propia gente.