Los peritos contables de la Corte Suprema enviaron al juez Jorge Gorini el monto final que deberán devolver Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la Causa Vialidad. La cifra de base era de $86.085.463.548,25, determinada como el perjuicio ocasionado por la maniobra de corrupción. Ahora, se determinó que los nueve sentenciados deberán responder por $684.990.350.139,86, es decir, unos 537 millones de dólares al cambio de este viernes.

El número se desprende del informe oficial que los peritos de la Corte, con la intervención de dos profesionales en representación del Ministerio Público Fiscal, firmaron y remitieron al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). “Se trata de un grave hecho de corrupción sin precedentes, cometido desde la primera línea del Estado Nacional”, se escribió en el fallo que en segunda instancia confirmó la condena contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El cálculo inicial lo realizó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) cuando firmó la sentencia condenatoria el 6 de diciembre de 2022, y fue clave para determinar la gravedad del hecho, y en consecuencia explicaciones del pedido de decomiso. Según la sentencia confirmada por la Corte, Cristina Kirchner fue responsable de haber priorizado el interés particular por encima del resguardo de los bienes del Estado. Encabezó, según se sostuvo en el fallo, una maquinaria de corrupción que generó un perjuicio multimillonario a la sociedad en su conjunto.

En el caso se analizaron los 51 procesos licitatorios a través de los cuales Lázaro Báez fue adjudicatario del 86% de las obras viales que desde 2003 a 2015 el Estado nacional financió en la provincia de Santa Cruz. El agravante es que el Grupo Austral cobró sobreprecios del 64% y la mitad de las rutas intervenidas quedaron abandonadas pese a que los contratos se pagaron.

Cristina Kirchner deberá seguir usando tobillera y respetar el régimen de visitas

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso mantener las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico a través de una tobillera para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión en el marco de la Causa Vialidad.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña analizaron los planteos de la defensa respecto de dos condiciones impuestas en la modalidad de prisión domiciliaria. Entre puntos, revisaron la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina, y la colocación la tobillera.

La mayoría conformada por Hornos y Barroetaveña sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera, argumentando que permiten un control judicial efectivo y una protección jurídica tanto frente a riesgos procesales como a la seguridad personal de la líder del Partido Justicialista.

Mientras que Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que Cristina cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.

En este contexto, el tribunal precisó que la prisión domiciliaria es una excepción bajo control judicial permanente, por lo que su modalidad podrá ser revisada si cambian las circunstancias de la causa.