Amparado por la "Ley Bases", el Gobierno de Javier Milei comenzó este viernes el proceso de privatización total de Energía Argentina S.A. (ENARSA), que se realizará mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocios. El objetivo, según las autoridades nacionales, es “mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer el rol del sector privado en el desarrollo energético del país”.

A través del Decreto 286/2035, se autorizó la venta del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., la compañía que maneja Transener, encargada de la transmisión eléctrica en todo el país. Esta operación se hará a través de un concurso público nacional e internacional. El Gobierno justifica su decisión diciendo que “ENARSA requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración”.

El próximo paso para que esto finalmente se concrete lo dará el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, que “dictará las normas operativas y complementarias que resulten necesarias” y dará luz verde a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la unidad ejecutora especial temporaria creada para desguazar el Estado.

A través de un comunicado, desde el Gobierno indicaron que Enarsa “requirió transferencias millonarias del tesoro nacional” para sostener su propia estructura que “no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de dar una solución eficiente y rentable para el Estado nacional y la gestión de los servicios públicos”.

Por eso, su privatización “apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades como la transmisión eléctrica”.

A través de un texto lanzado por los canales de comunicación del Gobierno, se sostuvo que “la medida busca mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos”.