El escándalo por el supuesto desvío de fondos en la Legislatura de Neuquén sigue sumando nuevos episodios. A pesar de haberse adelantado un pedido de juicio político contra la vicegobernadora Gloria Ruiz, se formalizó otra alternativa distinta.

Veinticuatro diputados de Neuquén le pidieron a la vicegobernadora que convoque a una sesión especial para el miércoles, para tratar el proyecto de creación de una comisión investigadora y separarla preventivamente del cargo.

El proyecto de resolución solicita declarar la apertura de un procedimiento para evaluar la "inhabilidad moral" de la vicegobernadora Gloria Argentina Ruiz para continuar en el ejercicio de su cargo. Mientras se realice el procedimiento, se pide la suspensión preventiva de sus funciones.

La carta de presentación del proyecto que pretende evaluar a Gloria Ruiz está dirigida a la propia vicegobernadora. Sin embargo, esta formalidad es una práctica habitual en todas las iniciativas que ingresan al despacho legislativo.

Como principal argumento reglamentario, el grupo de diputados firmantes menciona el inciso 25 de la Constitución Provincial que establece dentro de las atribuciones y deberes de la Cámara de Diputados: “Tomar juramento al gobernador y vicegobernador y concederles o negarles licencias o autorización para ausentarse de la Provincia. Admitir o desechar su renuncia y declarar por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros los casos de impedimento del mismo por inhabilidad física o moral”.

Sin embargo, advirtieron que la Constitución Provincial “no prevé otra mención específica a los efectos de juzgar la habilidad de quien detente el cargo de vicegobernador/a para desempeñar el cargo en cuestión”.

El principal fundamento para demostrar la “inhabilidad moral” de Gloria Ruiz está relacionado con notas periodísticas e investigaciones en curso que señalan presuntas omisiones de control en el manejo de recursos públicos y desvío de fondos de la Legislatura provincial hacia cuentas personales de su entorno. También se mencionan cuestiones vinculadas a la gestión de contrataciones de personal, “las cuales constituirían una afectación grave a la ética y la moralidad en el ejercicio de sus funciones desde la perspectiva institucional y administrativa”.

Además, se adjuntó la causa del Juzgado Nacional Electoral l contra Gloria Ruiz por “violación de normas de financiamiento partidario”.

“Resulta imperioso que, en circunstancias como la presente, en las que un escándalo afecta la vida pública y la institucionalidad, se adopten medidas que tiendan a restablecer la confianza pública y garantizar la transparencia de la investigación, sin afectar los derechos de la persona investigada”, concluyeron en sus fundamentos los firmantes del proyecto de resolución.