La comisión de Educación de la Cámara de Diputados dictaminó ayer sobre el proyecto de ley para declarar a la educación como servicio estratégico esencial y quedó más cerca de ser tratado en el recinto.

La iniciativa, al mando de los diputados del PRO Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, junto a Carla Carrizo de la UCR, busca garantizar los 180 días de clases en las escuelas públicas del país. “Si esto se convierte en ley, significa que en caso de que haya una huelga docente la escuela debe estar abierta. Durante los dos primeros días de protesta, tiene que haber una guardia mínima de directivos (docentes y no docentes) del 30% y, a partir del tercer día, se eleva al 50%, se deben dar clases en días y horarios habituales”, explicó Finocchiaro en Radio Mitre.

El también presidente de la Comisión de Educación informó que con este proyecto (“tratado con una mirada bajo la Convención sobre los Derechos del Niño”) durante una huelga docente “vamos a poder presentar abogados para meter un amparo obligando inmediatamente a abrir la escuela”, aunque también aclaró que con este dictamen “no se elimina el derecho de huelga”.

“El proyecto tiene su enfoque en los derechos de la infancia. No tiene que ver con el derecho laboral. No hay nada en contra de ningún docente ni del derecho de huelga. Queremos docentes bien pagos y chicos estudiando. Es un enfoque avalado internacionalmente por los derechos de la Convención Internacional del Niño”, explicó Carla Carrizo. Y agregó: “La propuesta se basa en dos cuestiones fundamentales: el interés superior del niño y el derecho a la educación”.

Vale recordar que el 20 de febrero último, el Gobierno nacional confirmó que evaluaba declarar la educación como un servicio esencial, algo que estaba incluido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir.