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Una concejal de San Patricio del Chañar quedó formalmente imputada por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en una causa que investiga la adjudicación de un terreno fiscal a su propio nombre mediante una ordenanza municipal.

Se trata de Mónica Beatriz Barrera, contra quien el fiscal del caso Juan Narváez y el asistente letrado Facundo Bernat formularon cargos durante una audiencia realizada este martes 17 de noviembre. El juez de garantías Luciano Hermosilla avaló la acusación y estableció un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación penal preparatoria.

En la misma audiencia, el Ministerio Público Fiscal también solicitó imputar a la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que habría omitido los controles correspondientes durante el trámite legislativo.

Sin embargo, el magistrado rechazó por el momento este planteo, al entender que existen dudas respecto del dolo en su accionar.

La adjudicación del terreno bajo investigación

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, los hechos se remontan al 25 de noviembre de 2024, cuando Barrera, en ejercicio de su cargo como concejal, solicitó al Poder Ejecutivo Municipal la derogación de una ordenanza de 1996 y la adjudicación en venta a su favor del Lote 10 de la Chacra 28, ubicado en Picada 9.

El expediente fue elevado posteriormente al Concejo Deliberante. El 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió un despacho favorable a la iniciativa con la participación de la propia Barrera, sin contar previamente con un dictamen legal formal.

Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N.º 13, la concejal tomó la palabra para fundamentar el proyecto y participó de la votación, sin abstenerse ni ser apartada del tratamiento del expediente.

La ordenanza fue aprobada por mayoría simple, con tres votos a favor y dos en contra. De esta manera, se sancionó la Ordenanza N.º 1497/25, que fue firmada por la viceintendenta Verónica González y autorizó el cambio de titularidad del inmueble.

Las presuntas irregularidades en el procedimiento

Uno de los puntos centrales de la acusación fiscal está relacionado con el procedimiento utilizado para aprobar la adjudicación.

Según expuso el Ministerio Público Fiscal, el trámite habría incumplido disposiciones de la Carta Orgánica Municipal, que establece una mayoría calificada de dos tercios —cinco votos— y exige el mecanismo de licitación pública o remate para la venta de inmuebles fiscales.

Además, la Fiscalía señaló que el dictamen legal por escrito fue incorporado al expediente recién minutos después de finalizada la sesión en la que se aprobó la ordenanza.

La causa continuará ahora con un plazo de investigación de cuatro meses, durante el cual deberán profundizarse las pruebas y determinarse las responsabilidades penales correspondientes.

La acusación contra Barrera quedó formalmente habilitada para su investigación judicial, mientras que la situación de González no fue alcanzada, por el momento, por una formulación de cargos.

Autor: admin