La situación política e institucional del municipio suma un nuevo capítulo este jueves 3 de septiembre, cuando finalmente se lleve adelante la audiencia de formulación de cargos contra la viceintendenta Verónica González, en el marco de una causa penal vinculada a la venta y regularización de lotes sociales.

La audiencia fue postergada en tres oportunidades por la Oficina Judicial Penal. La última convocatoria estaba prevista para el 28 de agosto, pero finalmente fue suspendida y reprogramada para este jueves.

González se encuentra bajo investigación junto con la concejal Mónica Barrera, en una causa en la que la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Juan Narváez, analiza presuntas irregularidades relacionadas con la aprobación de una ordenanza que habría permitido regularizar un terreno de origen municipal en favor de Barrera, sin seguir —según la denuncia— el procedimiento administrativo habitual.

La investigación surgió a partir de una presentación realizada por concejales opositores a la gestión del intendente Gonzalo Núñez.

Las figuras legales que se investigan son negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hasta el momento, corresponde aclarar, la formulación de cargos aún no se concretó y será la audiencia de este jueves la que determine cómo continúa el proceso judicial.

Una coincidencia que genera preocupación

La fecha de la audiencia adquiere una dimensión política particular por el momento que atraviesa el municipio.

El intendente Gonzalo Núñez sufrió un ACV el pasado fin de semana y, si bien recibió el alta médica el martes, permanece realizando reposo y recuperación. En consecuencia, la viceintendenta Verónica González se encuentra actualmente al frente del Ejecutivo municipal.

Es decir, quien hoy tiene la responsabilidad de conducir los destinos del Municipio deberá, al mismo tiempo, presentarse ante la Justicia para una audiencia en la que se analizará su posible imputación por hechos vinculados precisamente con el funcionamiento de la administración pública.

Más allá de lo que ocurra judicialmente y del principio de inocencia que debe regir para cualquier persona investigada, el escenario plantea inevitablemente interrogantes políticos e institucionales.