La viceintendenta municipal de San Patricio del Chañar,  Verónica González y la concejal Mónica Barrera fueron citadas por la Justicia en el marco de una investigación iniciada por la presunta cesión directa de tierras pertenecientes al municipio a favor de Barrera, sin remate ni licitación.

La audiencia de formulación de cargos estaba prevista para el jueves 6 de agosto, a las 10:30, en la Sala 12 de Neuquén Capital. Sin embargo, las dos imputadas no se presentaron. Ante esta situación, la audiencia fue reprogramada para el 19 de agosto.

El expediente está a cargo del fiscal Juan Manuel Narváez Barraza, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. La investigación contempla, de acuerdo con la información oficial del Ministerio Público Fiscal, los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

Una denuncia que llegó desde el Concejo

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos por los concejales Vásquez, Lagos y Cuéllar, quienes cuestionaron el procedimiento utilizado para la adjudicación de tierras municipales a Barrera.

Uno de los puntos centrales de la investigación será determinar si la operación se ajustó a las normas vigentes y si existieron eventuales incompatibilidades derivadas del vínculo entre el ejercicio de la función pública y la persona beneficiada por la cesión.

En el marco de la causa, la Justicia Provincial realizó allanamientos en dependencias municipales y reunió documentación que ahora forma parte de la investigación.

Según la información difundida sobre el expediente, las tierras involucradas tendrían una valuación superior a los 300 mil dólares, un dato que agrega una fuerte dimensión política y patrimonial a una causa que ya genera repercusiones dentro del ámbito institucional local.

El interrogante político: ¿qué pasa con las funcionarias mientras avanza la causa?

Más allá de lo estrictamente judicial, la investigación abre un debate político inevitable en San Patricio del Chañar, la respuesta jurídica deberá surgir del proceso y bajo el principio de presunción de inocencia. Pero políticamente, el interrogante ya está instalado.

La Justicia deberá determinar si existen elementos que justifiquen ampliar el alcance de la investigación. No alcanza con señalar responsabilidades políticas: cualquier imputación penal deberá sustentarse en pruebas y en las decisiones que adopte el Ministerio Público Fiscal y, posteriormente, la Justicia.

Una causa que excede a dos nombres

El caso ya no parece limitarse solamente a la situación procesal de González y Barrera. La discusión de fondo involucra el manejo del patrimonio municipal, los mecanismos utilizados para disponer de tierras públicas y el límite entre las decisiones políticas y los eventuales intereses particulares.

Para una comunidad como San Patricio del Chañar, donde el valor de la tierra se encuentra directamente atravesado por el crecimiento económico y el desarrollo de Vaca Muerta, cualquier decisión vinculada al patrimonio municipal adquiere una dimensión que excede lo administrativo.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existió una conducta delictiva.

Mientras tanto, el 19 de agosto aparece como una fecha clave para una causa que promete tener impacto no solamente judicial, sino también político.