La desaparición de Luciana Muñoz Aguirre cumplió este 13 de julio dos años sin avances concretos en la investigación, mientras el dolor y la incertidumbre continúan marcando el día a día de su familia, que sigue reclamando respuestas sobre su paradero.

La joven fue vista por última vez el 13 de julio de 2024 en el barrio Gran Neuquén Norte de la ciudad de Neuquén. Desde entonces, la búsqueda no logró arrojar resultados que permitan esclarecer qué ocurrió.

A pesar de que continúan vigentes dos recompensas económicas para quienes aporten información relevante —10 millones de pesos ofrecidos por el Gobierno nacional y 100 millones por el Gobierno de la provincia del Neuquén—, la investigación permanece estancada y sin novedades significativas.

Hasta el momento, el único imputado en la causa es Maximiliano Áviles, ex pareja de Luciana, acusado por el delito de falso testimonio. La imputación surgió luego de comprobarse que mintió al declarar que no había estado con la joven el día de su desaparición, cuando testimonios y pericias tecnológicas confirmaron que estuvo en inmediaciones de su domicilio.

En el transcurso de la investigación, la causa también cambió de jurisdicción. A pedido de la querella, que planteó la existencia de elementos para investigar el caso como una posible situación de trata de personas, el juez de garantías Lucas Giancarelli declaró la incompetencia de la justicia provincial y dispuso que el expediente pase al fuero federal.

En el marco del segundo aniversario de la desaparición, la Asamblea por la Aparición con Vida de Luciana Muñoz y la organización Mujeres por la Libertad difundieron un comunicado en el que manifestaron que, mientras Luciana continúa desaparecida, el Estado sigue sin brindar respuestas a su familia ni a la sociedad.

Las organizaciones reclamaron que se destinen todos los recursos necesarios para encontrar a la joven y desarticular las redes que podrían estar vinculadas a este tipo de delitos. Además, cuestionaron tanto al Gobierno como a la Justicia neuquina por la falta de respuestas y por las presuntas irregularidades que, según sostienen, afectaron la investigación desde sus primeros días.