Un hombre imputado por amenazar a su expareja y a dos vecinos de San Patricio del Chañar deberá abandonar la localidad y establecer su residencia en otra provincia como parte de una Suspensión de Juicio a Prueba (SJP), una salida alternativa al proceso penal que fue acordada durante una audiencia realizada el pasado viernes en la Ciudad Judicial.

La medida fue presentada por la fiscal del caso, Eugenia Titanti, y contó con la conformidad de las tres víctimas involucradas. La SJP está prevista para delitos con penas inferiores a tres años de prisión y para personas que no registran antecedentes penales.

Durante la audiencia, el imputado, identificado como A. G. C., fue advertido de que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas podría derivar en la revocación del beneficio y en la imposición de una pena de prisión efectiva.

Entre las reglas de conducta que deberá cumplir durante los próximos tres años, se estableció que deberá mudarse a otra provincia y no regresar a San Patricio del Chañar, abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas, realizar 96 horas de tareas comunitarias, iniciar un tratamiento por consumos problemáticos y presentarse cada cuatro meses ante el organismo de población judicializada de la provincia donde resida para acreditar el cumplimiento de las medidas.

De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, el primer hecho ocurrió el 9 de abril, cuando el imputado, junto a otra persona que no pudo ser identificada, amenazó con un arma de fuego a dos hombres que se encontraban frente a un comercio del sector La Costa. Tras advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar, aunque A. G. C. fue detenido.

El segundo episodio tuvo lugar el 20 de junio y tuvo como víctima a su expareja, en un contexto de violencia de género. Según la investigación, el hombre ingresó al domicilio de la mujer, le sustrajo un teléfono celular y luego regresó para exigirle otro aparato. Ante la negativa, la agredió físicamente, le exhibió un cuchillo y la amenazó. La intervención policial permitió su detención.

Ese mismo día fue notificado de una orden judicial que le prohibía ejercer cualquier acto de intimidación o violencia contra la víctima, acercarse a menos de 200 metros de ella e ingresar a su domicilio.

Sin embargo, tres días después, el 23 de junio, volvió a presentarse en la vivienda de la mujer en al menos dos oportunidades e incluso intentó ingresar, lo que motivó la activación del botón antipánico y un nuevo procedimiento policial.

Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por amenazas agravadas por el uso de arma (dos hechos), en concurso real con el delito de desobediencia a una orden judicial. La causa continuará bajo el régimen de suspensión de juicio a prueba, sujeto al estricto cumplimiento de todas las condiciones impuestas por la Justicia.