Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia puso bajo la lupa a la gestión municipal de Gonzalo Núñez tras detectar pagos por más de 268 millones de pesos a dos empresas privadas encargadas del sistema de radares, fotomultas y control de infracciones de tránsito, pese a que los contratos que vinculaban al municipio con esas firmas habían sido rescindidos un año antes.

La observación surge del Informe Nº 8120, emitido el 14 de noviembre de 2025, donde el organismo provincial señala que los convenios con las empresas Neuraltech SA y Fluxa SA fueron rescindidos mediante carta documento el 30 de noviembre de 2023, durante la gestión municipal anterior.

Sin embargo, según la auditoría, la administración encabezada por Núñez, que asumió en diciembre de ese año, continuó efectuando pagos mensuales durante todo 2024 sin que exista constancia de un nuevo contrato aprobado conforme a la normativa vigente.

El informe destaca que la Ley Provincial 2.141, que regula la administración financiera de los municipios neuquinos, exige que todo gasto público esté respaldado por la documentación correspondiente al proceso de contratación, ya sea mediante licitación pública, concurso de precios u otro mecanismo legal, además de contar con la intervención y aprobación del Concejo Deliberante cuando corresponda.

De acuerdo con la documentación analizada por el Tribunal de Cuentas, no existe evidencia de que se haya cumplido con esos requisitos. Por ese motivo, el organismo requirió al Ejecutivo municipal que informe bajo qué concepto se realizaron los pagos y que aporte la documentación que justifique cada una de las erogaciones.

La mayor parte de los desembolsos corresponde al servicio de cámaras de seguridad prestado por Neuraltech SA. Solo por ese concepto, el municipio habría abonado 253.069.883 pesos a través de diez pagos efectuados entre febrero y diciembre de 2024.

El sistema de radares y fotomultas representa un esquema económico de importante magnitud, con movimientos de decenas de millones de pesos mensuales. No obstante, el punto cuestionado por los auditores es que dichos servicios continuaron prestándose y cobrando sin un contrato vigente que respaldara legalmente la relación entre las empresas y el municipio.

Además, el informe recuerda que cualquier nuevo convenio con las firmas involucradas debía ser sometido a consideración del Concejo Deliberante para obtener validez jurídica. De lo contrario, un acuerdo celebrado únicamente entre el Ejecutivo municipal y las empresas carecería de respaldo legal.

Ahora, la gestión municipal deberá responder los requerimientos del Tribunal de Cuentas y presentar la documentación necesaria para justificar el destino de los fondos observados.