Entre la necesidad habitacional, la ausencia del Estado y las promesas incumplidas, el asentamiento de la zona sur expuso el fracaso político, social y judicial de una ciudad que todavía no encuentra respuestas.

En el año 2020, mientras el país atravesaba una de las crisis económicas y sociales más profundas de las últimas décadas, en la zona sur de San Patricio del Chañar comenzó una toma de terrenos que con el tiempo se transformaría en uno de los conflictos más complejos y dolorosos de la localidad.

Al principio eran apenas unas diez familias. Personas desocupadas, vecinos sin acceso a la tierra, familias que aseguraban haber pasado años reclamando un lote sin recibir respuestas del Estado. Algunos tenían domicilio legal en la ciudad y otros llegaron atraídos por la posibilidad de conseguir un terreno en una localidad que crecía a pasos acelerados, pero donde acceder a la vivienda ya era un privilegio.

El entonces intendente, Leandro Bertoya fue crítico respecto a la intervención del gobierno provincial en el conflicto de tierras, más allá de que estén en lotes privados, la municipalidad en su gestión tomó la decisión de no asistir a quienes ocupaban las tierras hasta que la Justicia o el propietario legal definieran la situación. 

Sin embargo, esa definición nunca llegó. El desalojo o el reintegro de las tierras a sus propietarios jamás se concretó y el conflicto quedó atrapado en una interminable demora judicial y política.

Lo que comenzó como una necesidad social rápidamente se convirtió en un desborde. En cuestión de días la ocupación se multiplicó y la situación empezó a impactar de lleno sobre los vecinos del barrio Loteo Social, lindante al asentamiento.

Los relatos comenzaron a repetirse: robos, ruidos molestos, violencia, miedo. Familias que habían construido su casa con años de esfuerzo empezaron a vivir encerradas, vigilando cada movimiento, mientras otras directamente decidieron vender e irse de la localidad. El sueño de la tranquilidad se transformó en incertidumbre permanente.

Pero mientras los expedientes avanzaban lentamente, la realidad explotaba sobre el territorio.

La toma comenzó a crecer sin control. Llegaron más familias, aparecieron construcciones precarias, conexiones ilegales, enfrentamientos y negocios clandestinos. Con el tiempo también llegaron los episodios más oscuros: asesinatos, violencia extrema, consumo problemático de drogas y delincuencia organizada.

Hoy, dentro del asentamiento conviven realidades completamente opuestas. Están quienes se levantan cada madrugada para ir a trabajar y sostener a sus hijos, jóvenes desesperados por acceder a una vivienda y familias honestas atrapadas en medio de un escenario dominado muchas veces por la marginalidad, el narcotráfico y la inseguridad.

Pero también apareció otro fenómeno igual de preocupante: el negocio inmobiliario ilegal. La necesidad habitacional terminó siendo aprovechada por oportunistas que comenzaron a vender terrenos ocupados, casillas y espacios sin ningún tipo de legalidad. La pobreza se transformó en negocio y la desesperación de muchos pasó a ser una oportunidad económica para unos pocos.

La ausencia del estado el mayor detonante 

En el medio quedó el Estado. Ausente cuando debía planificar. Ausente cuando debía contener. Ausente cuando debía controlar.

Muchos vecinos de la toma aseguran hoy sentirse engañados. Acusan a la actual gestión municipal, que encabeza Gonzalo Nuñez y a referentes políticos de haber utilizado el conflicto durante la campaña electoral de 2023 con promesas de regularización que jamás se concretaron. Las expectativas de urbanización, servicios y soluciones quedaron atrapadas en discursos electorales que nunca llegaron a convertirse en políticas reales.

Mientras tanto, los vecinos del barrio Loteo Social siguen padeciendo cortes de energía, hechos de inseguridad y una convivencia marcada por el temor. Familias que soñaron un futuro tranquilo para sus hijos hoy viven detrás de rejas, cámaras y alarmas.

La toma ya no es solamente un conflicto de tierras. Es el reflejo de años de improvisación política, crecimiento desordenado y falta de planificación urbana. También es el espejo incómodo de una ciudad atravesada por el crecimiento económico de Vaca Muerta, pero incapaz de garantizar algo tan básico como acceso digno a la vivienda.

Porque detrás de cada casilla hay historias distintas. Hay trabajadores. Hay víctimas. Pero también hay delincuentes, violencia y un sistema que permitió que todo creciera sin límites.

La pregunta que muchos vecinos se hacen desde hace años sigue sin respuesta: ¿cómo se llegó a este punto y quién se hace cargo ahora?

El ultimo antecedente en la localidad

Un antecedente similar ya había marcado la historia política y social de San Patricio del Chañar años atrás. El actual barrio Unión y Fuerza nació también de una usurpación de tierras durante el inicio de la primera gestión del entonces intendente Ramón Soto, alrededor de 2007.

En aquel momento, el conflicto también generó tensión, reclamos y un fuerte debate sobre el acceso a la vivienda. Sin embargo, con el paso de los años, esa ocupación terminó siendo regularizada por la misma gestión municipal, permitiendo que numerosas familias pudieran acceder finalmente a servicios y estabilidad habitacional.