Luego de que trascendiera el caso de un bebé nacido en el hospital Hospital Castro Rendón y del pedido de ayuda realizado por familiares y allegados, la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Mónica Palomba, confirmó que en la provincia aumentaron los casos de recién nacidos con metabolitos positivos, una situación que encendió la preocupación dentro del sistema de protección y salud pública.

En diálogo con LU5, la funcionaria explicó que cada caso activa un protocolo de intervención inmediata que involucra de manera articulada a los equipos de salud, salud mental, adicciones y organismos de protección de derechos.

Según detalló, una vez producido el nacimiento, el primer paso consiste en evaluar el estado de salud del bebé y determinar quiénes son las personas aptas para asumir su cuidado cuando llegue el alta médica. Ese proceso puede extenderse entre siete y diez días, período durante el cual se realizan estudios clínicos y seguimientos médicos para garantizar que el recién nacido pueda abandonar el hospital en condiciones seguras.

Paralelamente, se inicia una evaluación integral sobre los progenitores, especialmente vinculada a salud mental y consumos problemáticos. Palomba sostuvo que el acceso a tratamientos debe ser urgente y prioritario.

“Es urgente y prioritario el acceso a un tratamiento para su salud mental, consumo problemático, adicción”, señaló la funcionaria, al remarcar que el abordaje queda bajo la órbita de los equipos especializados.

La defensora subrayó que el primer derecho del recién nacido es permanecer junto a su familia biológica, aunque aclaró que el Estado también tiene la obligación de garantizar la protección integral del niño cuando existen situaciones de vulnerabilidad que ponen en riesgo su salud o desarrollo.

En ese marco, explicó que luego de las primeras evaluaciones médicas se trabaja junto a la Subsecretaría de Familia para diseñar un plan de acción adaptado a cada realidad familiar. Allí intervienen factores sociales, económicos y sanitarios, que van desde necesidades alimentarias y laborales hasta tratamientos terapéuticos y asistencia estatal.

Cuando el entorno familiar es considerado no apto para garantizar los cuidados básicos del bebé, la Defensoría solicita ante la Justicia una medida de protección excepcional. En esos casos, el recién nacido queda bajo resguardo estatal y se prioriza la intervención de familias solidarias que brindan alojamiento y cuidado transitorio mientras se intenta trabajar con los padres biológicos.

La normativa vigente establece un plazo de 180 días para que los progenitores reviertan las causas que originaron la medida de protección. Sin embargo, Palomba reconoció que en contextos atravesados por consumos problemáticos y adicciones, esos tiempos muchas veces resultan insuficientes y extremadamente complejos de cumplir.

“Quitarles el cuidado de un recién nacido es totalmente contraproducente en un cuadro de salud mental y adicciones”, advirtió, al tiempo que planteó la necesidad de intervenciones “a medida” y de políticas que no dependan únicamente de la voluntad individual de iniciar tratamientos.

La funcionaria también confirmó que la Defensoría viene registrando un incremento sostenido de este tipo de situaciones.

“Ha aumentado la demanda de casos por bebés recién nacidos con metabolitos positivos”, afirmó, y consideró que el escenario requiere una respuesta coordinada y urgente por parte de todos los organismos del sistema de protección.

Finalmente, Palomba remarcó la importancia de visibilizar una problemática que muchas veces permanece oculta y recordó que cualquier vecino, institución educativa, comisaría u organismo puede realizar denuncias o alertas a través de la línea 2302 o mediante la mesa de entrada de la Defensoría.

“La situación existe y hay que empezar a hablarla”, sostuvo, al señalar que detrás de cada caso hay familias atravesadas por profundas problemáticas sociales y sanitarias que requieren acompañamiento permanente del Estado.