La comunidad universitaria argentina volverá a movilizarse este martes en todo el país en defensa de la educación pública. La convocatoria, impulsada por universidades nacionales, gremios docentes, no docentes y centros de estudiantes, tendrá su expresión regional en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), donde la concentración comenzará a las 17 horas en el estacionamiento de la casa de altos estudios.

La protesta surge en respuesta al ajuste presupuestario aplicado por el Gobierno Nacional, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la profunda crisis que atraviesa el sistema científico y académico argentino. Desde los distintos claustros advirtieron que la situación pone en riesgo no solo el funcionamiento de las universidades, sino también el acceso igualitario a la educación superior.

“Lo que está en juego es el Estado de derecho y la educación como un derecho humano fundamental, no como un privilegio”, señalaron representantes universitarios, quienes remarcaron que la universidad pública continúa siendo uno de los principales espacios de igualdad social del país. “Es el lugar donde el hijo de un trabajador y el de una familia acomodada reciben clases de los mismos científicos y literatos”, expresaron.

Uno de los principales focos de preocupación es el impacto que la crisis económica tiene sobre los estudiantes. Desde los centros estudiantiles denunciaron que las becas actuales resultan insuficientes frente al fuerte aumento del costo de vida, especialmente en transporte y alquileres. Según indicaron, cada vez más jóvenes se ven obligados a abandonar materias, reducir su carga horaria o dejar sus estudios para priorizar el trabajo.

A esto se suma el deterioro salarial que afecta a docentes y trabajadores no docentes. Si bien no se registraron despidos masivos como en otras áreas del Estado, desde el sector aseguran que muchos profesionales están abandonando la actividad por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de perspectivas.

La movilización tendrá además un fuerte mensaje político y social: convocar a toda la comunidad a defender la universidad pública, más allá de las diferencias partidarias o sindicales. El reclamo apunta también al Poder Judicial, al que exigen intervenir para garantizar el cumplimiento de las leyes de financiamiento y asegurar la continuidad de un sistema educativo gratuito, inclusivo y de calidad para todos los argentinos.