A horas de cumplirse un nuevo aniversario del crimen del periodista Juan Caliani, el Tribunal de Impugnación de Neuquén resolvió reducir las penas de los responsables del homicidio ocurrido el 1 de abril de 2024 en el barrio La Sirena, en Neuquén.

La decisión judicial generó un fuerte malestar en la familia de la víctima, que convocó a una movilización para este miércoles a las 17:30 en las calles Luis Beltrán y Saavedra, con el objetivo de exigir “justicia reparadora”.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, el fallo fue contrario a lo solicitado tanto por la fiscalía como por la querella, que habían pedido confirmar las condenas originales: 6 años de prisión efectiva para el adolescente que sostuvo a Caliani y 9 años para quien lo apuñaló.

Sin embargo, los jueces Richard Trinchieri, Federico Sommer y Florencia Martini resolvieron fijar nuevas penas de 5 años y 8 meses para el joven que lo sujetó y de 8 años y 6 meses para el autor de la puñalada.

Desde el tribunal explicaron que la reducción se debió a un error en la sentencia original respecto a una de las circunstancias agravantes utilizadas para determinar la pena. En ese sentido, indicaron que la muerte de la víctima fue considerada indebidamente como un agravante adicional, cuando en realidad forma parte del delito en sí, lo que implicaría una “doble valoración prohibida”.

“El fallo contiene un desacierto que debe ser revocado y tendrá impacto en el monto punitivo”, señalaron los magistrados, al tiempo que recordaron que en derecho penal la culpabilidad es la medida de la pena y no pueden incorporarse elementos que excedan el dolo demostrado en el hecho.

Durante la audiencia realizada el pasado 13 de marzo, el fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, junto al abogado querellante Federico Egea, habían solicitado mantener las condenas por la gravedad del caso y la solidez del proceso, que incluyó un juicio de 10 días con más de 50 testigos.

Pese a esos argumentos, el tribunal hizo lugar al planteo de la defensa y resolvió reducir las penas, en una decisión que vuelve a poner el caso en el centro de la escena pública y reaviva el reclamo de justicia por parte de familiares y allegados de la víctima.