La fiscalía de Delitos Económicos avanza en la ampliación de la acusación por presunta administración fraudulenta que involucra a Gloria Ruiz y prepara la imputación de nuevos actores vinculados a su gestión en la Legislatura de Neuquén y la denominada Casa de las Leyes.

Según trascendió, ya fueron notificados para designar defensa el exvocero de prensa Pablo Schapira y su esposa, María Angélica Cowper. También serán imputados el empresario Pedro Sauer y Santiago Romera, titular de la agencia Big Sur Marketing. Al menos otras dos personas serían alcanzadas por la causa, aunque sus identidades no fueron difundidas.

A Ruiz le formularon cargos el 17 de octubre del año pasado, y el plazo de investigación se extiende hasta junio próximo. En esta nueva etapa, la fiscalía busca incorporar más presuntos partícipes en maniobras que habrían generado perjuicio económico al Estado.

En el caso del matrimonio Schapira-Cowper, una comisión legislativa determinó que Schapira fue designado como Coordinador de Prensa y Comunicación en categoría FL4 mediante resolución 109/24. Posteriormente fue dado de baja el 26 de abril de 2024, y pocos días después se incorporó a su esposa como locadora de servicios. Según la investigación, Schapira habría continuado cumpliendo funciones sin designación formal, mientras que Cowper no habría prestado servicios efectivos.

Respecto a Romera, la fiscalía sostiene que fue contratado de manera directa para la realización de piezas publicitarias por unos 45 millones de pesos. Sin embargo, peritajes técnicos indicaron que los trabajos podrían haberse realizado por un monto considerablemente menor.

En tanto, Sauer fue contratado para la producción de gigantografías, banners y lonas destinadas a la Casa de las Leyes, en ese entonces bajo la órbita de Pablo Ruiz. El perjuicio económico estimado en este caso también rondaría los 45 millones de pesos.

Cabe recordar que Pablo Ruiz enfrenta una causa paralela por presunto peculado, en la que ya se solicitó la elevación a juicio. En ese expediente se lo acusa de haber utilizado fondos públicos para constituir plazos fijos privados por más de 50 millones de pesos.

La investigación continúa en desarrollo y no se descartan nuevas imputaciones en las próximas semanas.