La audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Campo Grande, concejales y una particular en el marco de la causa por la compra directa de un terreno destinado a la construcción de una escuela en San Isidro fue suspendida este lunes por la tarde en el Foro Penal de Cipolletti.

Tras escuchar los argumentos de la fiscalía, el juez de garantías Juan Pedro Puntel hizo lugar al pedido de los abogados defensores y resolvió excluir a la querella, integrada por el concejal Patricio Alejandro Ñevin, impulsor de la denuncia inicial, y su abogada María Laura Roldán. Ante esta decisión y la presentación de una reserva de impugnación, se dispuso la suspensión de la instancia judicial hasta que un juez de revisión determine si la exclusión queda firme o es revocada.

La audiencia estuvo a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos, representada por el fiscal Gustavo Herrera, quien formuló cargos por el delito de defraudación contra la administración pública agravada, al considerar que los hechos habrían sido cometidos por funcionarios públicos en carácter de coautores.

Entre los imputados se encuentra el intendente en ejercicio de Campo Grande, Daniel Alberto Hernández, quien además es presidente del Concejo Deliberante, asistido por su abogado particular Juan Luis Vicenty.

También fueron imputados los concejales Rosa Angélica Mesonero, Sandra Isabel Fuentes —ex edil que renunció el 15 de diciembre— y Facundo Luciano Pinilla, representados por los abogados Marcelo Lucas Caraballo y Cecilia Ibañez. En tanto, la particular Vanesa Alejandra Sánchez, vinculada a servicios inmobiliarios, fue representada por Sebastián Perazzoli.

En el caso de Pinilla, la fiscalía investiga su actuación cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno y Hacienda del Municipio, cargo que ocupaba al momento de concretarse la operación cuestionada.

Según la acusación, la supuesta propietaria habría vendido los lotes como propios cuando solo contaba con un boleto de compraventa, y además los comercializó subdivididos pese a que el inmueble estaba registrado como una única parcela.

El fiscal sostuvo que la adquisición se realizó sin el tratamiento correspondiente en el Concejo Deliberante, sin declaración de utilidad pública, sin tasación previa ni informes de dominio, y que el municipio pagó 204 millones de pesos por el terreno.

Asimismo, indicó que existió un lucro indebido a favor de la vendedora, quien habría impulsado reclamos sociales por la construcción de la escuela y luego ofrecido el predio a un valor superior al real, generando un perjuicio económico al municipio.

De acuerdo a la Fiscalía, el inmueble tendría un valor de 28 mil dólares como lote único, o de 96.400 dólares si se considera subdividido en 14 parcelas. En ese contexto, el perjuicio económico estimado para el Municipio oscilaría entre 68.782 y 137.182 dólares, según el criterio de valuación aplicado.

La suspensión de la audiencia se mantendrá hasta que un juez de revisión resuelva la situación procesal de la querella. Si la exclusión es confirmada, el proceso continuará sin esa parte; en caso contrario, podría reincorporarse antes de retomar la formulación de cargos.