En un giro determinante para la situación de Alison Calfunao, la jueza federal Carolina Pandolfi dictó una medida cautelar que ordena a la empresa Swiss Medical la entrega inmediata de medicamentos y la realización de estudios críticos, entre ellos biopsias periódicas. La resolución pone fin a semanas de incertidumbre en las que la joven debió recurrir al sistema público de salud en Neuquén ante la negativa de la prestadora a cubrir el tratamiento.

Según confirmó su abogado, Mariano Mansilla, la orden judicial tiene carácter federal y su incumplimiento podría derivar en la intervención de la fuerza pública. “Esta medida garantiza la continuidad de un tratamiento vital para Alison y marca un precedente importante”, sostuvo el letrado, quien remarcó la gravedad de la situación que atravesó la paciente.

En paralelo, la causa penal por presunta mala praxis atraviesa un momento de fuertes tensiones institucionales. La querella, encabezada por Mansilla y Eduardo Tarola, presentó un pedido formal ante el fiscal general interino, Agustín García, para apartar al fiscal Andrés Azar de la investigación. Los abogados denunciaron una actitud “reticente” y negligente, al señalar que rechazó medidas de prueba clave y estuvo ausente en audiencias relevantes.

El principal foco de conflicto surgió tras la negativa del fiscal a ordenar el peritaje del corazón que le fue retirado a Alison durante una intervención médica. La pieza fue considerada por los peritos de parte como una “evidencia viva”, fundamental para esclarecer las causas del paro cardíaco que derivó en el delicado estado de salud de la joven.

Con el objetivo de fortalecer la investigación, la familia incorporó al equipo al doctor José Milei, reconocido especialista en cardiología y patología de la Universidad de Buenos Aires, quien trabajará junto al exmédico forense Francisco Delgado. La querella busca determinar con precisión las responsabilidades médicas y judiciales en el caso.

“Este caso va a dar fuerza a mucha gente para reclamar justicia ante prestaciones médicas deficientes”, afirmó Mansilla. La batalla legal, sostuvo, no solo apunta a obtener justicia para Alison, sino también a exponer posibles fallas en el sistema de salud privado y garantizar mayor transparencia en los procesos judiciales vinculados a la mala praxis.