El Senado convirtió esta noche en ley la Reforma Laboral que impulsó el Gobierno con el apoyo de fuerzas aliadas, y que con el rechazo del peronismo, luego de una movilización en las inmediaciones del Congreso en contra de la iniciativa, que generó incidentes con la Policía,

Al filo del cierre de las sesiones extraordinarias y gracias al apoyo de casi todo el arco político de la oposición dialoguista, el oficialismo logró sancionar iniciativa del presidente Javier Milei, quien festejó la aprobación en sus redes sociales.

La ley fue sancionada por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Tal como ocurrió hace dos semanas, cuando el Senado trató el proyecto por primera vez, además de La Libertad Avanza apoyaron la reforma la UCR, el Pro y bloques independientes y de fuerzas provinciales. En contra votaron las diferentes expresiones en que se divide el peronismo en la Cámara alta.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cargó fuertemente contra el proyecto de reforma laboral al que calificó como “una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”.

En su discurso de cierre, el formoseño denunció un “tratamiento exprés de una ley que afecta a 20 millones de personas”, y vaticinó que “va derecho al conflicto judicial”.

“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.

"En síntesis: una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando acá", arremetió.

Según analizó, “el trabajador solo quiere una vida digna y con esta ley le estamos arruinando esa posibilidad porque no le va a alcanzar el tiempo de su vida para sostener a su familia” ya que “el trabajador sólo tiene su tiempo”.

"Es una ley anti trabajador. ¡Que dejen de mentir! ¡Perjudica terriblemente al trabajador!, protestó.

Al Fondo de Asistencia Laboral, Mayans lo calificó como “un robo a cara descubierta a los jubilados y los pensionados”.

“Y es abiertamente inconstitucional porque vulnera el 14 bis de la Constitución. Esto rompe el principio protectorio”, señaló.