En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. Un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.

El debate sobre el régimen penal juvenil fue seguido de cerca por Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe. Este episodio motivó la decisión del Poder Ejecutivo de incluir el tratamiento de esta iniciativa -demorado hace casi un año- en el temario de sesiones extraordinarias.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse al coincidir con el oficialismo en fijar en 14 años el piso de imputabilidad, pero insistió en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Por eso advirtió que, si la ley es sancionada, podría ser judicializada.

Detalles del proyecto

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.