La diputada nacional Karina Maureira fue amenazada de muerte luego de su primera intervención en el Congreso de la Nación y tras votar a favor de la ley de reforma laboral. Lo que comenzó como críticas en redes sociales escaló rápidamente a mensajes privados con un tenor violento y explícito, lo que derivó en una denuncia penal y en la intervención de la Justicia.

Según trascendió, un hombre residente en Neuquén le envió mensajes a través de Facebook con amenazas directas. En uno de ellos escribió que, si la encontraba en la ciudad, “la prendería fuego”, mientras que en otro fue aún más contundente: “te voy a hacer mierda”. Ante la gravedad de la situación, la diputada decidió radicar la denuncia al sentirse amedrentada.

La presentación formal se realizó el pasado 20 de febrero mediante un correo electrónico dirigido a la fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, a cargo del fiscal Diego Azcárate. A partir de ese momento, intervino el Ministerio Público Fiscal, que inició una investigación para identificar al presunto autor de las amenazas.

Como parte de las medidas judiciales, el domingo por la mañana se llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio San Lorenzo, en la ciudad de Neuquén. El procedimiento fue autorizado por el juez de garantías Marco Lupica Cristo y ejecutado por personal de la Policía provincial.

Durante el operativo, se secuestró un teléfono celular y se identificó y demoró a un hombre, quien fue notificado de la causa en su contra. Además, se le impuso la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con la legisladora. Tras la notificación, el sospechoso recuperó la libertad, mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo a fuentes oficiales, el avance de la investigación dependerá ahora del análisis del dispositivo secuestrado, que podría aportar pruebas clave sobre el origen de las amenazas.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la crítica política y la violencia en redes sociales, en un contexto donde el hostigamiento digital puede derivar en consecuencias penales cuando se trata de amenazas concretas. La investigación sigue en curso bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.