La Fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén llevó adelante este viernes nueve allanamientos simultáneos en distintas sedes de la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos, en el marco de una investigación por el presunto delito de administración fraudulenta. Durante los procedimientos se secuestraron equipos informáticos, teléfonos celulares, pendrives, discos duros y abundante documentación vinculada al funcionamiento de la entidad.

De acuerdo a la información oficial, la fiscalía preservó la identidad de los sospechados, en línea con su política de no difundir nombres de imputados salvo que se trate de funcionarios públicos. Además, se aclaró que la mutual no tiene vinculación con el gremio de la construcción.

La investigación sostiene que los imputados habrían constituido al menos dos empresas con las cuales firmaron convenios para simular la prestación de servicios, lo que habría permitido el desvío de fondos. Los allanamientos fueron solicitados por la fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, autorizados por el juez de garantías Raúl Aufranc, y ejecutados con apoyo de la Policía provincial.

Los operativos se realizaron en inmuebles ubicados en Plottier, Añelo, Rincón de los Sauces, Centenario y Neuquén capital, incluyendo un edificio de Avenida Argentina al 400. El objetivo fue secuestrar información física y digital relacionada con afiliados, convenios empresariales, contratos, facturación, órdenes de trabajo, presupuestos y movimientos bancarios y de billeteras virtuales.

El Ministerio Público Fiscal informó que la causa se inició a partir de una denuncia de trabajadores de la Uocra, quienes habrían sido obligados a afiliarse a la mutual como condición para mantener sus puestos laborales.

De manera preliminar, la fiscalía determinó que durante el primer semestre de 2025 la institución recaudó cerca de 1.000 millones de pesos en aportes, de los cuales solo una mínima parte se habría destinado a prestaciones reales. Asimismo, se detectaron transferencias por aproximadamente 950 millones de pesos a dos empresas de construcción y a un particular, todos con presuntos vínculos con autoridades de la entidad.