El Ministerio Público Fiscal solicitó este viernes que se declare penalmente responsables a los tres imputados acusados del delito de administración fraudulenta, en el marco de la causa que investiga el manejo irregular de fondos obtenidos mediante la venta de rifas del cuartel de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio. La lectura del veredicto se realizará el próximo 26 de diciembre.

Durante su alegato de clausura, el fiscal sostuvo que a lo largo del juicio quedó demostrada la participación de los tres hombres, aunque bajo distintas modalidades. Remarcó principalmente el rol de dos de ellos, quienes asumieron el control total de la rifa y de la recaudación, ejecutando materialmente el hecho investigado.

“A dos de los imputados se les rendía el dinero de las cobradoras y de gran parte de los bomberos. Ambos obtuvieron un lucro indebido al beneficiarse con esos fondos, ya que no los depositaron en el banco, no los registraron ni entregaron los recibos correspondientes, con el objetivo de evitar conocer el monto real de lo recaudado”, expresó el fiscal.

En relación al tercer imputado, quien presidía la Comisión Directiva del cuartel, el representante del MPF indicó que también es responsable, dado que fue quien organizó la rifa en un primer momento y luego delegó su manejo. A pesar de las sospechas existentes, continuó vendiendo y cobrando rifas, lo que —según la acusación— le permitió obtener un beneficio económico indebido.

“Se trata de una coautoría mixta, de acción y omisión”, afirmó el fiscal, y agregó que el entonces presidente tenía el deber de impedir el perjuicio económico, obligación que no cumplió, afectando los intereses confiados.

Por su parte, los dos defensores públicos y el abogado particular solicitaron la absolución de los imputados, al considerar que no se logró probar su participación en los hechos. Uno de los defensores, encargado de la defensa técnica del ex presidente de la Comisión Directiva, sostuvo que existió una toma ilegítima del poder de administración por parte de terceros para concretar la defraudación.

¿Qué se investigó?
De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron entre marzo y septiembre de 2021 con el lanzamiento de la rifa denominada “Gran bono contribución”. El bono consistía en un cartón con 10 troqueles, con un valor total de 10.000 pesos, abonados en cuotas mensuales de 1.000 pesos. Se imprimieron 2.500 cartones y se vendieron 1.778.

Los fondos tenían como destino la compra de una autobomba usada en Holanda y la adquisición de insumos, herramientas y materiales para el funcionamiento del cuartel. El premio principal era un automóvil, que nunca llegó a comprarse.

Según los registros de ventas y cobranzas, la Fiscalía estimó que se recaudaron al menos $8.317.000. Del total, aún se desconoce el destino de $3.021.483, una suma que, actualizada a valores actuales, ronda los 59 millones de pesos.