La muerte de José Antonio Díaz, trabajador golondrina de 34 años y oriundo de Tucumán, volvió a desnudar la inseguridad y el abandono en los caminos rurales de San Patricio del Chañar. Díaz, que había llegado hace dos semanas para trabajar en una chacra de la picada 7, conocía bien la zona y utilizaba un sendero habitual para regresar desde su puesto laboral hacia el área urbana. Esa rutina cotidiana lo condujo directo a una trampa mortal.

El domingo por la noche tomó un puente sobre el desagüe de picada 5, como hacía siempre, y continuó su camino. Allí se encontró con un alambrado electrificado que le provocó la muerte de manera inmediata. Su cuerpo fue hallado por un vecino que paseaba a su perro, cerca de las 20, en un sector inundado del campo a la altura de calle Lácar, más próximo a la Ruta 7 que al balneario municipal. Personal de la Comisaría 13 confirmó la muerte minutos después.

La autopsia ordenada por el fiscal Andrés Azar ratificó la causa: electrocución. Las pericias del EPEN llegaron a la misma conclusión. Los técnicos retiraron un medidor activo en la zona y lo reinstalaron para rastrear el origen del suministro eléctrico.

Las primeras verificaciones expusieron un panorama crítico: el tendido eléctrico del área es antiguo, no pertenece ni al EPEN ni al alumbrado público, y consiste en instalaciones precarias colocadas hace más de 70 años por antiguos propietarios del predio, hoy en manos de una empresa. Los especialistas identificaron postes deteriorados, cables atados sin aislación y conexiones irregulares capaces de desviar corriente hacia el alambrado.

Pero este no es un caso aislado. Situaciones similares se registran en la toma ubicada sobre la margen sur de la localidad, donde los vecinos conviven con conexiones clandestinas, tendidos informales y riesgos permanentes de electrocución o incendios. Pese a múltiples advertencias, el problema persiste y refleja una ausencia estructural de controles y de responsabilidad institucional.

La muerte de José Antonio Díaz abre un interrogante central que aún nadie responde: ¿quién asume la responsabilidad por una vida perdida debido a instalaciones eléctricas ilegales y peligrosas?
¿La empresa propietaria del predio? ¿Los responsables de las conexiones históricas y clandestinas? ¿El Estado municipal o provincial por la falta de fiscalización en un área transitada a diario por trabajadores y vecinos?

Mientras la justicia avanza, la comunidad vuelve a quedar expuesta a un entramado de omisiones y negligencias que ya cobró una vida y que podría —si no se interviene— cobrarse muchas más.